Camino de épocas pasadas es el futuro que nos espera

El mundo avanza menos para nuestro gobierno. Cuando las leyes se han adaptado a la evolución social el Ministerio del Sr. Gallardón inicia la involución social mediante las leyes.

Tres, por ahora, son los cambios conservadores que pretende el Sr. Gallardón, léase subir las tasas y depósitos para recurrir en la segunda instancia judicial, la prisión permanente revisable y la ley del aborto.

Al respecto de la subida de las tasas judiciales (hasta entonces ya existían en cantidades de 25 ó 50 euros, en función del tipo de procedimiento), el ministro de justicia elevó la cuantía de éstas para frenar el exceso de litigiosidad actual. Al Sr. Ministro el artículo 24 de la constitución española parece ser que no le afecta y el derecho de los ciudadanos a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos debe quedar supeditado a una cuestión de posibilidades económicas. El engaño está en que estarán exentos los ciudadanos con menos renta, (es decir quien es beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita no tendrá que pagarlas) si bien estoy absolutamente seguro que restringirá el acceso a la justicia gratuita o lo que es lo mismo el derecho a un abogado de oficio, endureciendo los requisitos. Al final la realidad se concentra en una mera cuestión económica pues a los abogados y abogadas del turno de oficio los paga la administración y parece ser que les sale muy caro, como son caros los médicos y los profesores de la pública. En fin, en el momento crispado en que vivimos con la repercusión en forma de conflictos en todos los ámbitos de las relaciones humanas y sociales y cuya solución queda en manos de la Justicia, se convertirá en un derecho accesible sólo para aquellos con posibles o lo que es lo mismo nos hará desiguales en aquellos valores o derechos que eran inviolables en un Estado Social y Democrático de Derecho tal como predica el artículo primero de la Constitución.

El siguiente de los cambios es la de la Ley del Aborto y aunque en un principio parecía que el objetivo era volver a la ley del 85,  resulta que ésta ha quedado como una ley absolutamente progresista en comparación con las pretensiones actuales. Pues bien, parece que no considera maduras a las mujeres para tomar sus propias decisiones, a quienes considera un simple recipiente para engendrar hijos y menos, por supuesto a aquellas chicas de entre 16 a 17 años aunque por otro lado quieren cambiar la ley del menor sometiendo a los menores a tribunales para mayores. Así las cosas, endurecer la ley del menor por un lado y vetar los abortos de aquellas chicas menores y que no nos confundan pues para el Sr. Ministro el principio básico no es la persona y los derechos de ésta sino las corrientes de pensamiento afín, el popularismo y la religión católica.

Pues bien, la ley del menor que se dictó por el propio Gobierno de Aznar será endurecida, una vuelta de tuerca más hasta que los tribunales especializados en menores desaparecerán cuando en los delitos que se enjuicien estén acusados también mayores de edad y el trato especializado que precisan los menores puede desaparecer y su reinserción a la sociedad para procurar que no vuelva a delinquir un fracaso. Temen que se dicten sentencias diferentes sobre mismos hechos (caso Marta del Castillo) aunque hayan otros mecanismos, siempre legales, que no tienen porqué hacer mayores a quien no lo son, por ejemplo, admitir los hechos probados como indiscutibles y vinculantes a otros procesos en el que el fondo es el mismo.

Finalmente y en relación a la cadena perpetua revisable, decir que no deja de ser una sustitución de la pena de muerte con posibilidad de resucitar. Cuando la vida es el bien jurídico más preciado que tenemos, castigar a quien atenta contra ella con la reclusión es el reproche más doloroso que se le pueda aplicar; la privación de la libertad no deja de ser la muerte a plazos, cuando la libertad después de la vida es el otro bien más preciado que existe. Se nos dice que sólo se aplicará a supuestos muy restrictivos y que hayan alcanzado el máximo de reprochabilidad social, es decir, volvemos a dictar leyes cuando sopla el viento de cola, y no debe ser así, sino que el proceso previo tiene que ser el razonamiento escrupuloso, las leyes no deben dictarse por impulsos apoyados en el momento puntual sino por criterios de prudente valoración. En cualquier caso, ya ocurre en España, la pena máxima para los delitos más graves  es de cuarenta años y cabe, además, el cumplimiento íntegro, lo que no es una cosa baladí. En los países con ese sistema de cadena permanente revisable (Alemania, Francia, Italia, etc) el cumplimiento efectivo no suele ser mayor de los treinta años pero, que nadie se engañe, en España el cumplimiento de las penas ya es hoy un castigo, la reinserción social es un objetivo frustrado que, a estas alturas, nadie se cree, cumplir penas para posteriormente poder salir “limpios” a la sociedad y con otra conciencia lejana al delito, no deja de ser, pues eso, un objetivo frustrado. El cumplimiento de las penas es un castigo y la privación de la libertad de por vida peor. Hagamos la siguiente reflexión: qué es peor, vivir siempre enjaulado o la muerte, no vivir esa pesadilla, cualquiera de las dos decisiones se nos antoja angustiosa y puede serlo en la misma medida. La ley del Talión, el ojo por ojo y diente por diente nos aleja de la razón y por mucho que nos duela es la propia constitución quien en su artículo 14 reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra, toda vez que es el artículo 17 de la norma fundamental el que garantiza el derecho a la libertad, es decir, el cumplimiento de las penas deja sin efecto esos dos derechos fundamentales.

En fin, legislar es harto difícil, no puedes contentar a todos, es imposible, pero en épocas como las que estamos viviendo en las que la persona queda a un lado frente a los intereses de los poderes fácticos, el ciudadano, queda al margen en favor del estado, por eso el camino de épocas pasadas es el futuro que nos está marcando la política conservadora del Partido Popular.

Manuel Giménez Guàrdia