Nos corresponde a los
adultos salvaguardarlos por ser el grupo social más débil e indefenso y ello
empieza por las Leyes, cuál debería
ocurrir en España donde la Constitución como Ley Fundamental en su artículo 39
obligan a los poderes públicos a asegurar la protección integral de los niños,
velando por el cumplimiento de los acuerdos internacionales.
Ahora bien, ¿Esta
protección jurídica de la que están dotados los menores acaso se cumple
plenamente en los tiempos convulsos que vivimos? La crisis está afectando de
forma directa a muchos niños, que desgraciadamente viven en familias obligadas
a escoger entre pagar su hipoteca o darles de comer a sus hijos. Debemos
preguntarnos si los poderes públicos con competencias hacen lo suficiente para
evitar estas situaciones. Muchas veces no lo hacen y son las administraciones
locales, las más cercanas, las que acaban afrontando esta problemática. Un buen
ejemplo lo encontramos en la ciudad de Terrassa, donde el Ayuntamiento (con un presupuesto de 200.000 euros) abrió comedores sociales que dieron comida a más de 320 niños y niñas durante los meses de verano.
