Nos corresponde a los
adultos salvaguardarlos por ser el grupo social más débil e indefenso y ello
empieza por las Leyes, cuál debería
ocurrir en España donde la Constitución como Ley Fundamental en su artículo 39
obligan a los poderes públicos a asegurar la protección integral de los niños,
velando por el cumplimiento de los acuerdos internacionales.
Ahora bien, ¿Esta
protección jurídica de la que están dotados los menores acaso se cumple
plenamente en los tiempos convulsos que vivimos? La crisis está afectando de
forma directa a muchos niños, que desgraciadamente viven en familias obligadas
a escoger entre pagar su hipoteca o darles de comer a sus hijos. Debemos
preguntarnos si los poderes públicos con competencias hacen lo suficiente para
evitar estas situaciones. Muchas veces no lo hacen y son las administraciones
locales, las más cercanas, las que acaban afrontando esta problemática. Un buen
ejemplo lo encontramos en la ciudad de Terrassa, donde el Ayuntamiento (con un presupuesto de 200.000 euros) abrió comedores sociales que dieron comida a más de 320 niños y niñas durante los meses de verano.
La pobreza infantil que
afecta a más de una cuarta parte de la población menor de 16 años (casi el 27%)
debiera hacer saltar todas las alarmas del estado y en cambio parece que lo que
importa únicamente son los datos macroeconómicos, datos que sólo satisfacen y
retroalimentan a políticas conservadoras y a sus palmeros viendo como los datos
micros, los de Ana, Andreu, de Joan, Mohamed
o de María se diluyen en su propia miseria quedando éstos al amparo de
los recortados recursos municipales, de su gestión prodigiosa y no siempre bien
entendida, de la obsesiva voluntad de
incluir a sus ciudadanos y de la lucha contra la exclusión social no sólo
consiguiendo un plato de comida o un techo sino defendiendo la dignidad de las
personas.
Las grandes
líneas políticas que se están estableciendo desde el actual gobierno fallan y
repercuten negativamente en los niños y niñas que tienen necesidades por
cubrir. Las políticas de los recortes nos llevan a la desigualdad social y
chocan contra los pilares hasta ahora indiscutidos en un estado social,
afectando a la sanidad y a la educación pública. Sus políticas nos abocan a una
sociedad con una infancia dividida, entre los niños que tienen cubiertas sus
necesidades y los excluidos al albur de los medios públicos y sin más
oportunidades que su suerte. Ello es así por una política cuyo objetivo es
mercantilizar todo aquello que genera necesidad, creando más pobreza y generando exclusión
social.
Contra ello, fomentemos
principios de responsabilidad social empresarial para que invierta
conjuntamente con la administración en las políticas de cohesión e inclusión
sin olvidar que cada euro que dediquemos a financiar los servicios públicos, no
será un gasto sino una de las mejores inversiones que podemos hacer en beneficio
colectivo.
Manuel Giménez Guàrdia

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