viernes, 28 de febrero de 2014

Confiemos en la Justicia Divina

El artículo 24.1 de la Constitución Española establece que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

Con la nueva Ley de Tasas se modifica de hecho el citado artículo y, ahora, de “facto” se deduce que no todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales y que sólo tendrán acceso aquellas personas que puedan pagar esas tasas preceptivas y previas a ejercer las acciones judiciales que llevan la carga de su pago. Desgraciadamente, la aplicación de las tasas afecta a la mayoría de los potenciales usuarios de la justicia y por esa razón en la situación de crisis económica en la que nos encontramos afecta, sin duda, a la mayoría social que está en una situación económica precaria, tanto a los que no tienen trabajo que por sí es evidente, como para los que lo tienen pues, estos, teóricos afortunados, sus ingresos también son precarios.

Ironías de la vida creo que con esta Ley debería modificarse también la constitución española en aquello que dice que España es un estado aconfesional (artículo 15.3 CE) pues ahora deberemos creer en la justicia divina como solución a nuestros problemas, siempre que la iglesia no exija un canon por su uso, aunque, eso sí, con esta ley de tasas se garantiza la igualdad entre los españoles en el sentido de que pagarán lo mismo ricos y pobres y si estos no pueden pues tendrán que fastidiarse pues ahí sí que para el Sr. Ministro todos somos iguales. Es triste pero es así, y a nadie se le escapa que la justicia es, desde esa Ley de Tasas, una Justicia específicamente para quien pueda pagarla (la Ley de Justicia Gratuita también la modificarán aplicando el copago).

Y, si de verdad todos somos iguales ante la Ley y no puede nadie ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal tampoco debería hacernos desiguales el no tener el dinero para acceder a la justicia, antes al contrario, los poderes públicos por encima de cualquier hecho, cosa o situación de crisis deben velar por facilitar su acceso, como debiera velarse por la educación pública, por la sanidad pública, por el acceso a una vivienda digna o el derecho al trabajo que son los pilares de un estado social y democrático de derecho.

Manuel Giménez Guàrdia

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