El
artículo 24.1 de la Constitución Española establece que todas las personas
tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda
producirse indefensión.
Con
la nueva Ley de Tasas se modifica de
hecho el citado artículo y, ahora, de “facto” se deduce que no todas las
personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales y que
sólo tendrán acceso aquellas personas que puedan pagar esas tasas preceptivas y
previas a ejercer las acciones judiciales que llevan la carga de su pago. Desgraciadamente,
la aplicación de las tasas afecta a la mayoría de los potenciales usuarios de
la justicia y por esa razón en la situación de crisis económica en la que nos
encontramos afecta, sin duda, a la mayoría social que está en una situación
económica precaria, tanto a los que no tienen trabajo que por sí es evidente,
como para los que lo tienen pues, estos, teóricos afortunados, sus ingresos
también son precarios.
Ironías
de la vida creo que con esta Ley debería modificarse también la constitución
española en aquello que dice que España es un estado aconfesional (artículo
15.3 CE) pues ahora deberemos creer en la justicia divina como solución a
nuestros problemas, siempre que la iglesia no exija un canon por su uso, aunque,
eso sí, con esta ley de tasas se garantiza la igualdad entre los españoles en
el sentido de que pagarán lo mismo ricos y pobres y si estos no pueden pues tendrán
que fastidiarse pues ahí sí que para el Sr. Ministro todos somos iguales. Es
triste pero es así, y a nadie se le escapa que la justicia es, desde esa Ley de
Tasas, una Justicia específicamente para quien pueda pagarla (la Ley de
Justicia Gratuita también la modificarán aplicando el copago).
Y, si
de verdad todos somos iguales ante la Ley y no puede nadie ser discriminado por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal tampoco debería hacernos desiguales el no tener el
dinero para acceder a la justicia, antes al contrario, los poderes públicos por
encima de cualquier hecho, cosa o situación de crisis deben velar por facilitar
su acceso, como debiera velarse por la educación pública, por la sanidad
pública, por el acceso a una vivienda digna o el derecho al trabajo que son los
pilares de un estado social y democrático de derecho.
Manuel Giménez Guàrdia
Manuel Giménez Guàrdia

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