El
artículo 24.1 de la Constitución Española establece que todas las personas
tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda
producirse indefensión.
Con
la nueva Ley de Tasas se modifica de
hecho el citado artículo y, ahora, de “facto” se deduce que no todas las
personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales y que
sólo tendrán acceso aquellas personas que puedan pagar esas tasas preceptivas y
previas a ejercer las acciones judiciales que llevan la carga de su pago. Desgraciadamente,
la aplicación de las tasas afecta a la mayoría de los potenciales usuarios de
la justicia y por esa razón en la situación de crisis económica en la que nos
encontramos afecta, sin duda, a la mayoría social que está en una situación
económica precaria, tanto a los que no tienen trabajo que por sí es evidente,
como para los que lo tienen pues, estos, teóricos afortunados, sus ingresos
también son precarios.
