Hace algo más de dos semanas
conmemorábamos el 83º aniversario de la proclamación de la II República
española, o el 83º aniversario del fin de un sistema político monárquico,
corrupto y caciquil conocido como la Restauración (1876-1931). La situación
actual del país y del sistema político nacido con la Constitución de 1978 está
dando sus últimos coletazos, profundamente contaminado por una crisis sistémica
que pone en peligro no solo la integridad de las instituciones (corrupción,
nepotismo, injusticia), sino su propia legitimidad y la legitimidad del sistema
democrático ante una mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Ante esta situación,
solo queda una solución, hacer un reset al sistema político y cerrar de una
vez por todas la Transición y la Segunda Restauración Borbónica (1978-), constituir
ya la Tercera República Federal Española.
El 14 de abril de 1931, el
sistema político de la Restauración, inaugurado en 1876, se desplomaba después
de unas elecciones municipales donde ganaron los partidos socialistas y
republicanos. Alfonso XIII y el sistema político corrupto y deslegitimizado,
daba paso a la II República, a un nuevo sistema que trajo la democracia, la
igualdad de derechos, el sufragio universal, la laicidad, el poder del pueblo
para el pueblo y que acabó trágicamente en un golpe de estado de las derechas
en 1936 y en una guerra civil, que hoy, en el año 2014, aún no ha cerrado sus
heridas.
Hoy, como en el año 1931, el
estado, se encuentra ante una crisis sistémica que afecta a toda la estructura
política desarrollada a partir de la Constitución de 1978.
La imagen de la monarquía,
antes símbolo moral del estado, se encuentra profundamente afectada por la
serie de escándalos económicos de la hija del rey y su yerno; a ello se suma
las fisuras en la autocensura de algunos medios de comunicación que han
empezado a sacar asuntos turbios de la monarquía. Especialmente discutida es la
figura del monarca, Juan Carlos I, donde su excesivo papel como árbitro del
país ha encadenado y está arrastrando su propia decadencia física con la
decadencia del sistema político actual.
En segundo lugar, la
separación de los poderes del estado ha sido prácticamente eliminado en manos
de un gobierno de la derecha, que aunque prometió que despolitizaría las
instituciones del Estado, controla de forma férrea la mayoría de estas
instituciones: de forma directa el Congreso y el Senado con mayorías absolutas,
el gobierno central y 13 de las 17 Comunidades Autónomas y las 2 Ciudades
Autónomas; el PP controla de forma indirecta el Consejo del Poder Judicial, los
Tribunales Supremo y Constitucional, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas,
entre otras, con total desvergüenza colocando a militantes propios como el caso
del presidente del Tribunal Constitucional. En España ha desparecido la
separación efectiva de poderes, si es que la hubo, y el gobierno nos está
llevando a una democracia autoritaria, como lo demuestra la Ley de Seguridad
Ciudadana.
A su vez, mientras aumenta el
control del PP sobre las instituciones, se desmantela el Estado del Bienestar,
construido entre todos a partir de los años 80, modesto si lo comparamos con
otros países del norte de Europa, cuando seguimos en lo más hondo del pozo de
la crisis económica. Privatizaciones, repagos, reducciones de ayuda a la
dependencia, a las becas universitarias o de comedor, criminalización del pobre
o del parado. No renovación de interinos en los centros públicos o no
reposición de médicos y docentes, están encaminados a destruir lo que es de todos
los ciudadanos: la sanidad y la educación públicas. El PP quiere transformar el
Estado social en un Estado asistencial y de caridad privada.
La causa última de ésta crisis
sistémica la encontramos en la Constitución del 78. Constitución que permitió con
sus vaguedades e indefiniciones los mejores años de la historia del país, pero
que se ha quedado antigua, incapaz de adaptarse a los tiempos de crisis
múltiple que vive España. Incapaces los partidos políticos para adaptar la
Constitución del 1978 al 2014, excepto para introducir las obligaciones que
impuso los mercados. La Constitución ha quedado deslegitimada para la mayoría
de la sociedad.
Ya no sirve para la
convivencia de todos los españoles, las costuras democráticas se han roto y los
ciudadanos reclaman una mayor y mejor democracia, la protección del Estado del
Bienestar en la Constitución, la federalización del estado, la separación
efectiva de los poderes para erradicar la corrupción del sistema político, el
fin de la impunidad de los ricos que no pagan impuestos, el fin de la impunidad
de los corruptos y de los indultos y los desahucios.
La gente (los parados, los
desahuciados, los pobres, las clases medias empobrecidas, los funcionarios, los
militantes de centro y de izquierdas, los ciudadanos y ciudadanas, la sociedad)
está saliendo a la calle porque quieren cambiarlo todo.
La gente (los parados, los
desahuciados, los pobres, las clases medias empobrecidas, los funcionarios, los
militantes de centro y de izquierdas, los ciudadanos y ciudadanas, la sociedad)
está harta de un sistema que no le representa, de un monarca preocupado solo de
sus asuntos familiares, de sus negocios y de los negocios de las grandes
empresas.
La gente (los parados, los
desahuciados, los pobres, las clases medias empobrecidas, los funcionarios, los
militantes de centro y de izquierdas, los ciudadanos y ciudadanas, la sociedad) está
harta del nuevo poder de la iglesia católica, que dicta la política que ha de
seguir el gobierno central en asuntos como la educación o la ley del aborto,
mientras no para de apropiarse del patrimonio de todos a través de las
inmatriculaciones, vive a costa de los presupuestos del estado y tiene negocios
muy alejados de su labor espiritual y asistencial como medios de comunicación o
universidades y colegios.
La gente (los parados, los
desahuciados, los pobres, las clases medias empobrecidas, los funcionarios, los
militantes de centro y de izquierdas, los ciudadanos y ciudadanas, la sociedad) ya
no puede soportar nuevos recortes en el Estado del Bienestar, ni las mentiras
de un gobierno tan débil que intenta controlar todas las instituciones del
estado para que no se descubran sus múltiples corrupciones y chanchullos
durante la época dorada de crecimiento económico y burbuja inmobiliaria.
Los ciudadanos y ciudadanas de
España buscan refundar el país, recuperar los valores de la democracia, del
socialismo y el espíritu de igualdad, libertad, fraternidad de la Revolución
Francesa. Recuperar los valores y el espíritu progresista de la II República
española. La única solución que tenemos es luchar para construir entre todos la
nueva España, la Tercera República Española. Una República Federal, Social,
Democrática e Igualitaria.
Una República Federal donde se
reconozcan la singularidad de las comunidades históricas como estados
federados, la supresión de las diputaciones y el establecimiento claro de las
competencias entre las administraciones. Donde se pueda elegir al cabeza del
estado en unas elecciones y no como ahora que es patrimonio exclusivo de la familia
Borbón, además de poderlo juzgar si comete algún delito.
Un República Social donde se
garantice un mínimo de bienestar a todos los ciudadanos y ciudadanas,
invirtiendo el dinero que nos cuesta salvar cajas de ahorro y autopistas en la
sanidad, pero sobre todo en la educación pública.
Una República Democrática
donde la separación de poderes sea efectiva y los lobbies estén regulados y
controlados para no permitir injerencias de los mercados y las multinacionales.
Una República Igualitaria
donde se alcanzará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Donde se estableciese una banca pública fuerte que hiciera competencia
a los bancos y que pudiera proporcionar créditos a los autónomos y a las
pequeñas y medianas empresas.
Encaminemos pues, los
socialistas y los partidos socialistas de España a construir la nueva sociedad
y el nuevo estado. Rompamos las ataduras de la Transición, de la Segunda
Restauración Borbónica y del gobernar por gobernar. Recuperemos los valores de
la II República, del socialismo del siglo XIX y de la socialdemocracia del
siglo XX, abandonando el socialiberalismo actual.
Construíamos pues, los
socialistas y los partidos socialistas de España un nuevo modelo social en el
que desaparezca la pobreza y la precariedad laboral. Seamos de nuevo la
vanguardia de la izquierda socialista en Europa.
La Tercera República Española
está llegando y tiene que ser socialista, sino no tendremos sentido histórico y
cuando se establezca la República, los socialistas y los partidos socialistas
de España desapareceremos.
Carles E. Luengo
Carles E. Luengo



